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Abr 11

Zacatecanos solo derribaron 38 árboles en zona indígena de Durango








Solo fue el derribo de 38 árboles en la zona indígena tepehuana de Durango por parte de los ejidatarios del municipio de Valparaiso, Zacatecas, pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asegura que no hubo extracción, aún así inician investigación para deslindar responsabilidades.

Nora Loera, delegada de la profepa dijo que en atención a la denuncia interpuesta por comuneros de Santa María de Ocotán desde el pasado 28 de marzo de este año, donde reportaban la tala ilegal en terrenos de su comunidad por el ejido de la Unidad Campesina de Zacatecas, se inició la supervisión.

Personal de la Profepa acudió al lugar en el poblado de Canoas, perteneciente a la comunidad de Santa María de Ocotán donde se atendió la inspección en conjunto con el Presidente de los Bienes Comunales.

En el paraje denominado “Duraznitos” se pudo observar solo el derribo sin extracción de 38 árboles de pino en estado verde.

Por lo anterior, los inspectores federales de esta Procuraduría constataron las marcas de martillo correspondiente.

Nora Loera dijo que no se observaron vehículos transportando madera en rollo o evidencias de que se hubiera realizado la actividad, ya que el terreno donde se derribaron los árboles se encuentra en una zona accidentada actualmente sin acceso.

A fin de deslindar responsabilidades, la Pofepa inició el procedimiento administrativo correspondiente, mediante el cual, se le requerirá formalmente al Unidad Campesina del municipio de Valparaíso, Zacatecas, a través de su comisariado ejidal, exhiba las autorizaciones y documentación legal con que cuenta para el aprovechamiento forestal maderable.

La Procuraduría cuenta con información de la existencia de una autorización de la Semarnat, delegación Zacatecas, que se sobrepone, a decir de los comuneros de Santa María de Ocotán, con terrenos de su propiedad, por lo que se analizará dicha documentación.

“El problema agrario existente entre estas dos comunidades ha sido analizado en reuniones previas del sector, en las que han participado entre otras instancias la Procuraduría Agraria, Sedatu, Semarnat y Profepa”, concluyó Nora Loera.



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